Los hermanos jubilados de la Empresa de Licores, como si fueran pocas las angustias y necesidades que han vivido, se encuentran hoy en dificilísimas condiciones sociales y económicas, marginados del sector oficial, que ayer los acogió en su seno como sangre de su propia sangre. El gobierno departamental los soltó de su mano en momentos difíciles en donde el costo de vida llega a inocultables niveles que empobrecen más la frágil economía de estos hogares, cuyo único ingreso es la mesada pensional, retardada, insuficiente y esquiva. Los jubilados de la Empresa de Licores, en sus entrañas, se sienten discriminados y desprotegidos. Esa es la verdad.

De una rica y pródiga institución empresarial como fue la Fábrica de Licores, de cierto tiempo atrás, es hoy una invisible y gaseosa dependencia creada como tal para llenar una cuota dentro de la repartición burocrática de los últimos gobiernos locales. Seguramente, dentro de la lógica y organización administrativa, existe razón cuando la administración central dispone que el ente departamental recoja y se haga cargo de sus jubilados. Pero cuán injusto sería para ellos si esa entidad no cuenta con los recursos económicos para afrontar el pago de obligaciones y jubilados. Las normas son impersonales y frías. Los jubilados son humanos desgastados ya por los años, con una carga de hijos, nietos y bisnietos a la espalda. No son culpables ellos si la explotación de los licores solo favorece a sus contratistas, si ello favorece más a sus explotadores que al presupuesto departamental. Son otros los que han alimentado sus haberes con sobresueldos y propinas, si es que así se le puede llamar, a la corrupción de cuello blanco que pulula en nuestro departamento. Grave y amargo contraste que mientras los contratistas de licores y sus promotores se enriquecen, los jubilados se empobrecen y se abandonan a su suerte.

La actual administración departamental ha querido poner las cosas en orden. Estoy seguro que ningún otro ánimo lo alienta y que ante la realidad de esta situación habrá de tomar las providencias que hagan justicia en uno y otro caso.

Dice la gente: Que a cierto sector u urbanización en donde viven los altos funcionarios

oficiales, en el nuevo ímpetu de la fiscalía después de la visita del Presidente, le sucederá lo que acaba de pasar en Cali, en donde se aplicó a todo un barrio "extinción de dominio". Allá por que se construyó en terreno de un narcotraficante. Y aquí será porque se ha construido con dineros oficiales.